La reconstitución de escena no está regulada con ese nombre en el Código Procesal Penal. Quién la decide, si el imputado está obligado a participar, qué riesgos tiene hacerlo y qué valor tiene en el juicio.
Es una diligencia de investigación en la que se reproduce, en el lugar de los hechos o en uno equivalente, la secuencia de lo que habría ocurrido, para contrastar las versiones de los involucrados con la evidencia física y pericial. Pueden participar policías y peritos, y también imputados, víctimas o testigos que explican o ejecutan lo que dicen que sucedió.
Un punto que conviene decir con claridad: en las normas del Código Procesal Penal que revisamos, esta diligencia no aparece definida ni regulada con ese nombre. Se apoya en las reglas generales de la investigación: el deber de registrar el estado de personas, cosas y lugares (art. 181) y la facultad del fiscal de permitir la asistencia de los intervinientes a las diligencias (art. 184). Esa falta de regulación específica es justamente lo que hace delicado el rol de la defensa.
La investigación la conduce el fiscal y la ejecuta la policía. El art. 181 exige registrar con detalle el estado de las personas, cosas y lugares, y permite fotografiar, filmar o grabar con ayuda de organismos especializados, certificando fecha, hora, lugar y quiénes participaron. Es decir, lo que se diga o haga en la diligencia puede quedar registrado.
El fiscal puede permitir que el imputado y los demás intervinientes asistan a una diligencia cuando lo estime útil. También puede dar instrucciones obligatorias para su desarrollo y excluirlos en cualquier momento. No hay un derecho automático de la defensa a participar.
Las actuaciones de la investigación son secretas para los terceros ajenos al procedimiento. El fiscal puede además mantener en reserva diligencias específicas frente al imputado, por un máximo de 40 días prorrogable una vez. Pero la reserva no puede alcanzar las actuaciones en que el imputado haya intervenido o tenido derecho a intervenir, y puede pedirse al juez de garantía que ponga fin o limite la reserva.
Nuestra lectura, que es la que sostenemos al asesorar, es que no. La reconstitución no tiene una norma que obligue al imputado a prestar su cuerpo, su relato o sus movimientos para reconstruir los hechos, y su participación, si existe, debe ser voluntaria e informada. Los fundamentos son los que protegen cualquier declaración:
La Constitución (art. 19 N° 7 letra f) prohíbe obligar al imputado a declarar bajo juramento sobre hecho propio. La Convención Americana (art. 8.2.g) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.3.g) reconocen el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable.
El imputado tiene derecho a guardar silencio o, si consiente en declarar, a no hacerlo bajo juramento (art. 93 letra g).
La declaración ante el fiscal es voluntaria y exige comunicar antes al imputado el hecho que se le atribuye (art. 194). El art. 195 prohíbe todo método que afecte la memoria o la capacidad de comprensión.
La policía solo puede interrogar autónomamente al imputado en presencia de su defensor (art. 91). Una reconstitución en que el imputado explica los hechos a los policías puede asimilarse a un interrogatorio con otro formato, y por eso conviene aplicarle la misma cautela.
No es lo mismo una reconstitución que una diligencia sobre el cuerpo, como la toma de muestras o los exámenes corporales del art. 197, que se admiten con consentimiento o con autorización judicial fundada. Y en nuestra revisión no encontramos una sentencia que fije una regla general sobre la reconstitución con participación del imputado. Por eso lo prudente es tratarla con las mismas garantías que una declaración: voluntariedad, información previa y defensor presente.
Gestos, desplazamientos, frases sueltas y silencios pueden ser filmados y descritos en un informe. Una explicación imprecisa o una duda se puede leer después como contradicción o como reconocimiento.
Si el imputado todavía no accedió a la carpeta investigativa, puede dar una versión que luego no calce con peritajes o con otras declaraciones. Puede pedir copia de los registros del fiscal y examinar los policiales (art. 182).
Si luego declara en el juicio, sus declaraciones previas pueden emplearse para evidenciar contradicciones en el contrainterrogatorio (art. 332), con efecto sobre su credibilidad.
Quién dirige, en qué orden se hacen las preguntas, qué se les pide actuar y qué elementos se ponen en el lugar influyen en el resultado. Sin la defensa presente no hay quien lo advierta ni deje constancia de objeciones.
Quien comparece como testigo o víctima tiene otro estatus. Antes de aceptar, hay que saber con qué calidad se le convoca y si existe riesgo de que sus dichos lo incriminen.
La reconstitución también puede favorecer a la defensa, por ejemplo cuando la versión del imputado (legítima defensa, hecho accidental, ubicación distinta de los intervinientes) es coherente con la evidencia física. En ese caso la defensa puede solicitarla al fiscal como diligencia pertinente y útil para esclarecer los hechos (art. 183). El fiscal debe pronunciarse dentro de diez días; si la rechaza o no responde, el solicitante puede reclamar ante las autoridades del Ministerio Público dentro de cinco días.
La decisión de participar debería tomarse solo después de:
Conocer los peritajes, las declaraciones y los registros disponibles antes de comprometer una versión.
Si el imputado participa, qué explicará y qué no, con quién y en qué condiciones.
Presencia del defensor, registro audiovisual completo, constancia de las objeciones y, cuando corresponda, un perito de parte.
El art. 334 prohíbe incorporar o invocar como prueba, ni dar lectura en el juicio oral, los registros y documentos que dejan constancia de diligencias de la policía o del Ministerio Público, salvo los casos de los arts. 331 y 332. Por lo tanto, el acta o registro de la reconstitución no puede leerse ni invocarse por sí solo como prueba en el juicio. Distinto es el testimonio de quienes participaron o presenciaron la diligencia y los informes de los peritos, que se rinden en el juicio y quedan sujetos a interrogatorio y contrainterrogatorio.
Ese examen es la oportunidad de la defensa para preguntar quién la dispuso, en qué condiciones se informó al imputado de sus derechos, si el defensor estuvo presente, si se registró completa, qué instrucciones se dieron y si hubo sugerencias o indicaciones durante la diligencia.
Declaraciones previas y silencio en el juicio. El art. 332 solo permite usar una declaración previa después de que el acusado (o el testigo) haya declarado en el juicio, y únicamente para refrescar la memoria, aclarar dichos o evidenciar contradicciones; no sirve para incorporar esa declaración como prueba. Por eso, si el acusado ejerce su derecho a guardar silencio en el juicio, el art. 332 no habilita leer el registro de lo que dijo o hizo en la reconstitución, y el art. 334 impide hacerlo por otra vía.
Desde la defensa, además, puede objetarse que los policías relaten en el juicio lo que el imputado dijo, reconoció o gesticuló durante la diligencia, porque sería introducir su declaración previa por una vía indirecta. Es un argumento que sostenemos a partir de las normas citadas, pero no encontramos un fallo específico que lo resuelva de manera general. Esa objeción se refiere a los dichos y gestos del imputado, no a los informes técnicos de los peritos, que siguen sus propias reglas.
Si la diligencia se obtuvo vulnerando garantías fundamentales (por ejemplo, haciendo participar al imputado sin su defensor), la defensa puede pedir la exclusión de la prueba ante el juez de garantía, al preparar el juicio oral: el art. 276 ordena excluir la prueba obtenida con inobservancia de garantías fundamentales. Si de todos modos se rinde y pesa en la condena, corresponde evaluar un recurso de nulidad por la causal del art. 373 letra a): infracción sustancial de derechos o garantías asegurados por la Constitución o los tratados. Se presenta por escrito ante el tribunal que conoció del juicio oral dentro de 15 días desde la notificación de la sentencia (art. 372), plazo que se amplía hasta un máximo de 30 si el juicio duró más de cinco días. Cuando se funda en esa causal, conoce la Corte Suprema (art. 376). Como el vicio debe reclamarse oportunamente (art. 377), las objeciones tienen que quedar registradas desde la diligencia y durante el proceso. Además, el art. 340 impide condenar a una persona solo con el mérito de su propia declaración.
Pide que te informen por escrito el día, el lugar y con qué calidad te convocan, y comunícate con tu abogado.
El art. 91 solo permite a la policía interrogar autónomamente al imputado en presencia de su defensor.
Si ya fuiste formalizado o si hay otras diligencias reservadas, el análisis cambia. Tu abogado puede pedir acceso a los registros y objetar la reserva ante el juez de garantía.
Según nuestra lectura (punto 3), la participación es voluntaria. Aceptar puede ser conveniente, pero solo con el caso estudiado y el defensor presente.
Es una diligencia de investigación en que se reproduce la secuencia de los hechos, en el lugar donde ocurrieron, para contrastar las versiones de imputados, víctimas y testigos con la evidencia física y pericial. La dirige el Ministerio Público y la ejecuta la policía.
Como imputado, nuestra lectura es que no: el Código Procesal Penal no contiene una norma que lo obligue a reconstruir los hechos y la Constitución, la Convención Americana y el art. 93 letra g protegen el derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse. En nuestra revisión no encontramos una sentencia que fije una regla general, por lo que se recomienda tratarla como una declaración: voluntaria, informada y con defensor.
El art. 184 faculta al fiscal para permitir la asistencia del imputado y de los intervinientes cuando lo estime útil, con instrucciones obligatorias y posibilidad de excluirlos. Por eso conviene pedir expresamente la presencia del defensor y que la participación del imputado dependa de ella.
El fiscal puede mantener en reserva diligencias específicas por hasta 40 días, prorrogables una vez, pero la reserva no puede cubrir las actuaciones en que el imputado haya intervenido o tenido derecho a intervenir (art. 182). Se puede pedir al juez de garantía que la limite o termine.
El art. 334 impide leer o invocar como prueba los registros de diligencias de la policía y el Ministerio Público, salvo los casos de los arts. 331 y 332. Lo que puede rendirse en el juicio es el testimonio de quienes participaron o presenciaron la diligencia y los informes de los peritos, sujetos a contrainterrogatorio. Si vulneró garantías, procede pedir la exclusión (art. 276) y, después, evaluar el recurso de nulidad del art. 373 letra a), dentro de 15 días desde la notificación de la sentencia.
Es un punto que la defensa puede objetar: si el acusado guarda silencio en el juicio, el art. 332 solo permite usar declaraciones previas después de que el acusado declare, y el art. 334 prohíbe incorporar los registros de la investigación. Que un policía relate lo que el imputado dijo o hizo en la diligencia sería introducir su declaración previa por vía indirecta. No encontramos un fallo específico que lo resuelva de manera general, por lo que se debe plantear con fundamentos y dejar constancia de la objeción.
Sí. Como imputado puedes pedir al fiscal las diligencias que consideres pertinentes y útiles (art. 183). El fiscal debe responder dentro de diez días y, si la rechaza o no responde, puede reclamarse ante las autoridades del Ministerio Público dentro de cinco días.
Código Procesal Penal, art. 181 (actividades de la investigación)
Código Procesal Penal, art. 182 (secreto de las actuaciones)
Código Procesal Penal, art. 183 (proposición de diligencias)
Código Procesal Penal, art. 184 (asistencia a diligencias)
Constitución Política, art. 19 N° 7 letra f; Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8.2.g; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14.3.g
Este análisis resume la normativa vigente a la fecha de publicación y no reemplaza la revisión del caso concreto ni del texto actualizado en la Biblioteca del Congreso Nacional. La reconstitución de escena no tiene una regulación expresa en las normas citadas, por lo que su tratamiento práctico puede variar según el caso, el fiscal y el tribunal.
Las diligencias se realizan donde ocurrieron los hechos. Si tu causa se investiga en Los Ríos o Los Lagos, podemos asumir la defensa desde abogado penalista en Valdivia, defensa penal en Osorno, abogado penalista en Puerto Montt y defensa penal en Villarrica.
Escríbenos por WhatsApp o llama antes de aceptar o responder: revisamos tu caso y definimos con reserva cómo actuar.
Escribir por WhatsAppContenido elaborado por Víctor Schuster Montiel — Abogado · Magíster en Derecho Penal y Proceso Penal (Universidad Mayor).